EL ALCALDE DE ALGUAZAS RECORTA LOS DERECHOS DE LOS CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN

Lladó vuelve a mostrar su cara más autoritaria y antidemocrática

El Pleno ordinario del pasado 21 de marzo tuvo como punto principal la aprobación inicial de un Reglamento Orgánico que, según el alcalde, “optimizará” el funcionamiento de los Plenos. En él figuran, entre otras cosas, varios artículos en los que se limita el acceso a la información de concejales y vecinos, así como reduce el tiempo de las exposiciones de mociones, ruegos o preguntas; incluso se limita el número máximo de preguntas por parte de los grupos políticos de la oposición a únicamente seis.

         En su turno de intervención, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Blas Ángel Ruipérez Peñalver, mostró su firme oposición a este reglamento presentado por el equipo de gobierno del PP, en base a que “ya existen normas que regulan el funcionamiento de los Plenos”, y lo más importante, porque este reglamento es una “cacicada” del alcalde para obstaculizar la labor de fiscalización y control del gobierno municipal que los grupos de la oposición ejercen legítimamente.

Asimismo, Ruipérez recordó al alcalde que no es la primera vez que lleva a cabo acciones de este tipo: comenzó la legislatura quitándole atribuciones al Pleno, más adelante decidió responder por escrito a las preguntas de los grupos de la oposición, y ahora presenta este reglamento, que solo va encaminado a limitar al máximo el debate político y la participación de la oposición en la toma de decisiones que afectan al municipio.

         Las críticas a este documento no fueron muy bien recibidas por el alcalde, José Antonio Fernández Lladó. En su intervención, Lladó defendió el documento a base de mentiras y descalificaciones hacia los concejales de la oposición. El alcalde del PP dijo que la razón de ser de este reglamento es “el mal uso que los grupos políticos hacen de sus derechos” y que, cada vez que un concejal de la oposición hace una pregunta al equipo de gobierno, lo hace con “cicatería” y con afán de “sacar rédito político”. La mayoría de preguntas, mociones y ruegos de la oposición, en palabras de Lladó, no responden a las verdaderas necesidades del pueblo, y por eso se hace necesario restringir su participación en el único órgano en que su voz puede hacerse oír: el Pleno municipal.

         Cuando el portavoz del grupo municipal socialista, Blas Ángel Ruipérez Peñalver, replicó al alcalde y le recriminó su actitud autoritaria, Lladó respondió que este documento se había hecho “porque así lo han decidido los ocho concejales populares, que tienen la mayoría absoluta”, y que los concejales de oposición deben asumirlo porque “ese es el juego de la democracia”.

         Desde el PSOE de Alguazas, queremos recordar al señor Lladó que los concejales de nuestro grupo político también han sido elegidos por el pueblo y representan a más de un millar de vecinos. El concepto de democracia del alcalde de Alguazas es bastante mezquino; cree que tener la mayoría absoluta en votos le avala para hacer lo que le dé la gana, incluidos los continuos intentos de silenciar la voz de la oposición. Ese es el pensamiento de quienes se sirven de los instrumentos democráticos para imponer su voluntad, en vez de esforzarse por construir espacios de participación y consenso político dirigidos a mejorar la vida de los alguaceños. Una vez más, el alcalde se cree dueño y señor del municipio, y en vez de preocuparse por las necesidades de los vecinos, pierde el tiempo inventándose medidas para dificultar y limitar la labor de oposición del Grupo Municipal Socialista. 

EL CONCEJAL ALMAGRO, OTRA VEZ CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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Nos preocupa mucho que algunas personas sientan tan poco respeto hacia un derecho fundamental como es la libertad de expresión, pero nos preocupa aún más que estas personas ocupen cargos públicos y que desde ellos quieran imponer sus ideas a base de amenazas y censuras.

El pasado 28 de febrero, en la concentración contra la ubicación de la nueva depuradora, la policía se dedicó a fotografiar y grabar en video a los asistentes. No es la primera vez que el concejal de Policía y Seguridad Ciudadana Fernando Almagro intenta reprimir la voz del pueblo; recordemos que ya obligó a retirar la pancarta de la plataforma vecinal en la primera concentración.

Así lo recoge el diario digital Vega Media Press en la siguiente noticia del día 23 de marzo:

POLICIAS Y MANIFESTACIONES: DE ALGUAZAS A BARCELONA

23/03/09 Chema Gil/Vegamediapress

Si el alcalde no quiere "caldo" ustedes pueden darle un cazo con cucharón y le dejan debajo del despacho cinco o seis bombas fétidas

(La policía de Alguazas te fotografía, te graba, te vigilia, te...)

Escribía Concepción Arenal que “La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma y quien la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos”. Hace unos días los vecinos de Alguazas se concentraron para protestar por los malos olores que una depuradora puede llevar hasta sus hogares. Vecinos pacíficos, preocupados, se reunieron para protestar en buena lid y de forma pacífica. La Policía Local del municipio, la que debe estar para proteger el derecho constitucional de los vecinos a reunirse y a manifestar sus quejas, se dedicó a grabar sus movimientos. Ese comportamiento ¿a qué responde?, ¿a un protocolo de prevención de disturbios o a la curiosidad malsana, cutre y fiscalizadora de algún politicucho municipal de ‘tres al cuarto’ o algún jefecillo policial con aires de sheriff del condado?, quizá sea la consecuencia de una mezcla de ambos componentes algún policía creído de sí mismo con el aliento de algún político medio ‘atontao’.

Algunos vecinos ya manifiestan su miedo a posibles consecuencias por haber acudido a esa manifestación…¿¡¡¡pero cómo es posible que exista un miedo así!!!?, ¿es porque pueden sufrir consecuencias?, pues ya saben, lo que tienen que hacer es reunirse todos los días en la puerta del Ayuntamiento, media hora de cacerolada; si el alcalde no quiere ‘caldo’ ustedes pueden darle un cazo con cucharón, todos los días durante media hora, y le dejan debajo del despacho cinco o seis ‘bombitas fétidas’ para que se entere de los motivos por los que ustedes están preocupados.

A los alcaldes y alcaldesas caciquiles lo único que hay que hacer es darles de su propia medicina –eso sí, dentro de la Ley, con gracia y un puntito de mala leche-; si se dejan subyugar una vez, porque un señor vestido de policía pero absolutamente alejado de su dignidad profesional, obedeciendo órdenes de alguien en plan cacique, pueden ir preparándose para que cada vez que le salga de las narices al político de turno de su pueblo, ustedes tengan que agachar la cabeza y aguantar, así no podrán mirarse al espejo y harán que al impresentable de turno se le suba el poder a la cabeza, si ustedes se lo permiten, es lo que hará. Entérense los vecinos, vivimos en una democracia occidental, un Estado de Derecho, donde todos, los primeros los poderes públicos, están sometidos a la Ley…en Alguazas también aunque algún neofascista crea que el pueblo es suyo.

En Barcelona, el otro día, unos mandos policiales y los mossos d’squadra a sus órdenes creyeron que Barcelona era su coto privado de caza y salieron a disolver una manifestación estudiantil, repartiendo goma a diestra y siniestra. Daba lo mismo que fuera un niño de diez años o un periodista. Los Mossos actuaron como esos soldados de fortuna que durante un conflicto bélico entran en una población y lo primero que hacen es echar a los cámaras de televisión y a los periodista para que no haya testigos y, ya puestos, si pueden arrearle algún gomazo al plumilla de turno mejor, ¡eso que se lleva!. ¿Ven ustedes?, policías gilipollas podemos encontrar en dos sitios tan alejados como Alguazas y Barcelona, menos mal que son los menos. Pero lo peor es encontrar políticos que no asumen ninguna responsabilidad; ni en Alguazas dimitirá nadie (conjugar el verbo dimitir es difícil), ni en Barcelona tampoco.

Nunca pensé en un hermanamiento tan absurdo, parece de película de Paco Martínez Soria: Protagonistas, un policía local de Alguazas aficionado a grabar manifestaciones recibiendo palos de un Mosso d’squadra, por grabar. Protagonistas secundarios, dos políticos incompetentes, también de Alguazas y Barcelona apostando por quién es más impresentable, aunque puedo asegurarles que se diferencian poco. Lo que sí sé es que a los dos los mandaría a una depuradora a coger porrina, aunque creo que ni siquiera sabrán hacerlo, porque para eso hay que agachar el lomo y trabajar, y de eso, nuestros políticos, poquito, lo justo.

CONDENAN AL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS POR “VIOLAR” LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA TRABAJADORA

El Juzgado de lo Social Número Dos de Murcia dictó sentencia en fecha 19 de octubre de 2007 por la que se declaraba nulo el despido de una trabajadora, condenando al Ayuntamiento de Alguazas a readmitir a la misma en su puesto de trabajo, con obligación de abonarle los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta su readmisión, así como a indemnizarla en concepto de daños morales por vulnerar en el momento de su despido los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución Española en los artículos 14 (Principio de igualdad y no discriminación de las personas), 16 (Derecho a la libertad ideológica) y 23 (Derecho de acceso a la función pública en condiciones de plena igualdad).

El Juzgado tacha a la resolución dictada por el Alcalde Jose Antonio Fernández Lladó del Partido Popular, de “dislate”, que “la decisión de despedida tiene una carga intencional evidente de eliminar de la vida municipal a quien la actual Corporación Local entiende erróneamente como una rival política”, y que “lo relatado, ya por sí mismo, desborda el umbral mínimo del indicio discriminatorio para convertirse en auténtica prueba de la persecución y discriminación que la demandante ha tenido que padecer”, que “vulnera lamentablemente, sobre todo al tratarse de una Administración Local, Derechos Fundamentales inatacables”.

La sentencia reconoce que ha quedado plenamente probado que:

“la trabajadora no desarrolló actividad política alguna, que no actuó de manera partidista beneficiando al partido político del Alcalde ni a su grupo municipal, que no causó perjuicio a los intereses generales del Ayuntamiento ni a ninguna otra persona o colectivo”

por lo que define el comportamiento del Ayuntamiento en el Fundamento Jurídico Segundo de la siguiente manera:

“se aleja de una manera tan abismal de lo razonable, de una mínima idea de la Justicia y del respeto a un conjunto de Derechos Fundamentales inatacables, que no puede mas que calificarse como un auténtico despropósito jurídico producto, sin duda, de una falta absoluta de reflexión sobre lo que se estaba haciendo. Buena prueba de ello es que el Ayuntamiento acredita palmariamente con la resolución impugnada, una manifiesta incapacidad para distinguir, aceptar y conciliar la legítima diferencia ideológica con el absoluto respeto por su parte a la Constitución y a la Ley”

terminando la sentencia por señalar que:

“la animadversión política hacia la trabajadora es de tal magnitud que el Ayuntamiento pierde completamente el norte y alejándose del comportamiento legal que le es absolutamente exigible, confunde de manera total el cargo de confianza con la relación laboral común que la trabajadora tenía y como quiera que esta la extingue el Ayuntamiento por el perfil ideológico de la trabajadora, por su afinidad al anterior Alcalde y por el trabajo que desarrolló para él, no hay la más mínima duda en que el Ayuntamiento vulneró cuantos Derechos Fundamentales se indicaron en relación con el artículo 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores”.

El principio de toda esta historia se sitúa el día 16 de junio de 2007, tras el acto de constitución de la Corporación Municipal y toma de posesión del cargo de Alcalde por Jose Antonio Fernández Lladó, quien, como primera decisión al frente de este Ayuntamiento, dicta resolución de alcaldía por la que se obliga a la trabajadora en cuestión a tomar 15 días de vacaciones forzosas, situación sin precedentes en la historia más reciente de la vida democrática de este Ayuntamiento.

Doce dias después, el 28 de junio de 2007 el Alcalde dicta nueva resolución, la número 840 de 2007, por la que resuelve ordenar el despido de la trabajadora acusándola de realizar funciones partidistas como dispone literalmente:

“Considerando que por parte de la trabajadora se ha transgredido la buena fe contractual, así como ha caído en abuso de confianza en el desempeño del trabajo, manifestando en su continuada y reiterada actuación con funciones partidistas impropias del puesto de Agente de Desarrollo Local para el que fue contratada”, pero indicando que la acusación vertida no se puede probar al disponer que “No obstante ante la dificultad de acreditarlo documentalmente, a fin de justificar la procedencia del despido [...]”.

En vista de lo aquí expresado vemos que una de las primeras decisiones del nuevo Alcalde atenta de forma flagrante contra los Derechos Fundamentales de un Trabajador, “violando” los mismos tal y como ha fallado en sentencia condenatoria el Juzgado de lo Social, decisión que en términos económicos costará al Ayuntamiento la cantidad de unos 60.000’00 €.

Estos son los caprichos del Alcalde y del PP, que pagamos todos los vecinos de Alguazas.

AHORA SÍ QUE TENEMOS QUE APRETARNOS EL CINTURÓN.