El pasado viernes 15 de julio
aparecía en prensa una noticia sobre la condena del TSJ al Ayuntamiento de
Alguazas, por la que el Consistorio deberá devolver una subvención de 12.200 €
recibida de la Consejería de Sanidad durante el período 2013-2014 para la
prestación de servicios sociales, por incumplimiento de las condiciones
pactadas en el Convenio de Atención Primaria.
Esta condena es consecuencia de
la mala gestión de esta subvención por parte del Ayuntamiento en aquel momento,
pues lo acordado era que el servicio que se subvencionaba debía ser prestado
por personal propio del Ayuntamiento. En vez de eso, el anterior equipo de gobierno
del PP, con José Antonio Fernández Lladó a la cabeza, llevó a cabo una
contratación externa. Es más, de forma previa, la Comunidad Autónoma advirtió
al Ayuntamiento, en dos ocasiones, que “en caso de no realizar la contratación
tal y como se indica, se podrá iniciar un expediente de reintegro de
subvención”.
¿Por qué se contrataron los
servicios de una empresa externa, a pesar de no ajustarse al convenio firmado y
de las dos advertencias de la Comunidad Autónoma? ¿Qué intereses podía haber
detrás, para que se incumpliera lo firmado? Lo desconocemos. No sabemos por qué
el anterior Alcalde, José Antonio Fernández Lladó, y su Concejal de Servicios
Sociales, María Dolores Hernández García, actuaron de esa manera, siendo
conscientes de que, tarde o temprano, se tendría que devolver ese dinero.
Lo que sí sabemos es que de este
asunto se dará cuenta en el próximo Pleno Ordinario, que tendrá lugar el jueves
28 de julio. ¿Nos darán alguna explicación los miembros del Grupo Popular?
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