miércoles, 29 de diciembre de 2010

LA MALA GESTIÓN DEL PP ABOCA AL FRACASO A LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO

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La planificación, que giró en torno a la idea fundamental de que “hasta que no se consiga amortizar las operaciones de tesorería no se paga a los proveedores”, tiene como objetivo que al alcalde le quede una liquidación del ejercicio 2010 lo más bonita posible. Sin duda, esta planificación se verá abocada al fracaso por una mala gestión en su ejecución.

La imposibilidad de publicar antes de fin de año el anuncio de la aprobación definitiva de la modificación de crédito nº 2 al presupuesto de 2010 dará lugar a que no se pueda aplicar el nuevo préstamo de 825.000 euros solicitado para el pago de las inversiones de 2009 y 2010.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento tendrá a 31 de diciembre de 2010 amortizado el millón novecientos mil euros de las pólizas contratadas, no es menos es cierto que esa deuda se ha pagado sacando un préstamo a largo plazo (825.000 euros) y dejando a deber mucho dinero a los proveedores, en su mayoría de Alguazas.

La realidad es, por un lado, que los trabajadores municipales no pueden retirar material en ninguna de las empresas con las que normalmente se trabaja, debido a la deuda que mantiene nuestro Ayuntamiento con ellas; por ello, los empleados municipales no pueden realizar su trabajo con normalidad, creándose un perjuicio para el vecino. Y por otro, que en préstamos a largo plazo tenemos una deuda de casi 3 millones de euros, la más alta de la historia.

La imposibilidad legal de que entre en vigor la modificación de crédito provoca que, si no se toma una solución técnica viable (como el reconocimiento extrajudicial de las facturas), se podría incurrir por parte de los funcionarios responsables en un delito del artículo 404 del Código Penal (prevaricación de funcionario público). El hecho delictivo sería tal si se pretendiese aplicar el dinero del nuevo préstamo al pago de las facturas que se generen por las inversiones de 2009 y 2010, o se incurriría en responsabilidad penal por parte de los políticos si los informes técnicos desfavorables no se tuvieran en cuenta.
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